Introducción de la administración del blog.-

El informe que ofrecemos en este espacio, fue elaborado por el Coronel de los Estados Unidos George R. Colton, quien se desempeñó como Contralor y Receptor General de las aduanas dominicanas en virtud del acuerdo financiero provisional conocido como “Modus Vivendi”, puesto en vigor mediante Decreto por el Presidente Carlos F. Morales Languasco, acorde con los términos de la Convención Dominico – Americana de febrero de 1905, que no había sido sancionada por el Congreso de los Estados Unidos y, ante la presión que ejercían varias potencias europeas sobre la República Dominicana, para el pago de las acreencias de sus connacionales ($16.8 MM), en momentos en que el territorio nacional estaba rodeado por diez (10) buques de guerra europeos que amenazaban con ocupar las aduanas para cobrarse por cuenta propia los valores adeudados por la República a los tenedores de bonos de sus respectivas naciones.

En la época había, además, cinco (5) cruceros norteamericanos que, alternándose, estaban presentes de manera permanente en los puertos dominicanos desde la firma del Protocolo del 31 de enero de 1903, entre el gobierno Provisional de Horacio Vásquez y el de los Estados Unidos para el pago de las propiedades e intereses que la compañía norteamericana San Domingo Improvement tenía en la República Dominicana por un valor estimado de 4,5 MM. Pero dicho Protocolo establecía, en su Artículo 1, que el Gobierno dominicano pagaría la referida suma al Gobierno de los Estados Unidos (no a la San Domingo Improvement Co.), a la vez que acordaba la creación de un Tribunal Arbitral, que haría sus deliberaciones y fallaría en Washington, para fijar la forma de pago y las garantías hasta saldar la deuda. google-site-verification: google484dba8e3e1cf805.html

Poco tiempo después de la firma del Protocolo, el 23 de marzo de 1903, fue derrocado el Presidente Vásquez por la Revolución de los Presos y correspondió al nuevo Presidente, Alejandro Woss y Gil, designar a dos de los tres jueces del referido Tribunal.

El 25 de noviembre de 1903 la Revolución de La Unión, encabezada por Carlos F. Morales Languasco, derrocó al Presidente Woss y Gil y el fallo del Tribunal Arbitral fue dictado en Washington el 14 de julio de 1904, el cual es conocido como el “Laudo Arbitral de 1904”. Para poner en ejecución los términos de ese Laudo (que se refería de manera exclusiva a las acreencias de la San Domingo Improvement Co.) era necesario suscribir una Convención que fuera sancionada por los congresos de las naciones involucradas y firmada por sus respectivos presidentes. Pero para ello hubo varios inconvenientes; en enero de 1905 se preparó una Convención, que fue enviada al Congreso de los Estados Unidos siendo rechazada por considerar que se trataba de un protectorado para la República Dominicana, por otra parte, las potencias europeas aumentaban presión a sus demandas en razón de que esa Convención excluía a sus acreedores y el Ministro Residente de los Estados Unidos en la República Dominicana informó a su Presidente que los términos de esa Convención no eran aplicables, en la práctica, por la falta de control que el Gobierno dominicano mantenía sobre las aduanas, las cuales operaban en un completo desorden como expone el que fuera Contralor y Receptor George R. Colton en el informe que nos ocupa.

El 7 de febrero se preparó otra Convención en términos diferentes, que fue enviada al Congreso norteamericano, pero éste cerró su período legislativo sin conocer la pieza. Mientras tanto aumentaba la presión de los europeos, especialmente por parte de los alemanes, quienes estaban presentes con cuatro cruceros que habían participado en el bloqueo de los puertos de Venezuela, a fines de 1902, por un asunto similar al de República Dominicana, “La deuda del Ferrocarril Alemán”, que fue subsanado con un Protocolo firmado en Washington en febrero de 1903 por las partes beligerantes, mientras Estados Unidos actuaba como mediador. Esos cruceros alemanes mantenían la amenaza de ocupar militarmente las aduanas dominicanas y no aceptaban prórrogas ni otra fórmula que no fuera la administración de las aduanas por una persona designada por el Presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, no obstante esta cadena de acuerdos y litigios internacionales que tienen origen en el Protocolo del 31 de enero de 1903 y su apéndice inmediato, el Laudo Arbitral, en adición a la incesante y creciente presión de los acreedores europeos que dejaban al Presidente Morales sin alternativas que le permitieran maniobrar de alguna manera diferente, que fuera favorable para evitar que las aduanas fueran ocupadas de manera desordenada, fue la razón por lo que se vio en la necesidad de poner en vigor, por Decreto, los términos de la Convención del 7 de febrero de 1905, que es lo que se conoce como el “Modus Vivendi, aunque algunos dicen simplemente, de manera axiomática y mendaz, que el Presidente Morales “se decidió por un arreglo financiero que enajenaba las aduanas dominicanas”, así como otros dicen que esas medidas estaban en sus planes desde que llegó a la Presidencia de la República, como si se hubiera tratado de un capricho suyo y hubiera sido posible evadir las obligaciones relativas al proceso que comenzó con el Protocolo de enero de 1903 y sus consecuencias, que otorgaron base legal a los Estados Unidos para intervenir en los asuntos internos de la República Dominicana, aunque al final los resultados del Modus Vivendi fueron positivos.

             Carlos Danilo Morales Miller     (Email: carlosdanilomorales@gmail.com) 

Informe de George R. Colton, Contralor y Receptor General de las aduanas dominicanas con el título:

«Examen de la Organización y Transacciones de la Recepción de las Aduanas de Santo Domingo Durante el Primer Año de su Funcionamiento (abril 1, al 31 de marzo de 1906), Con Exposiciones y Observaciones Colaterales».

(Traducción libre al castellano de su versión original en inglés.)

 

Oficina del Controlador y Receptor General,

Santo Domingo, D.R., marzo de 1906.

La administración de Aduana de Santo Domingo se organizó a petición de la República Dominicana con el propósito combinado de asegurar el mantenimiento de la Independencia Nacional, suprimir los incentivos a la revolución interna y proteger a los acreedores, recaudar ingresos y segregar fondos para el pago de las deudas. El hecho de que haya logrado su compromiso financiero durante el primer año de sus operaciones se demuestra por el hecho de que se recaudaron en efectivo más ingresos de los que se ha informado que habían sido recaudados durante cualquiera de los años anteriores en la historia del país, sólo se recibieron en efectivo billetes y otras evidencias de endeudamiento en pago de derechos aduaneros, y cuando las importaciones fueron estimuladas por el hecho de que los acreedores sólo podían recaudar en aduanas mediante órdenes que vendían con descuento, reduciendo así el derecho al comprador y al Importador, aunque las declaraciones aduaneras no lo indicaban. Se recibieron dos millones y medio de ingresos aduaneros, de los cuales se pagaron los gastos del Gobierno y aproximadamente un millón y un cuarto se depositaron en fideicomiso para la seguridad de los acreedores y la amortización de la deuda pública, lo que contrasta notablemente con los resultados de las operaciones aduaneras cuando, teniendo el control de la totalidad de los ingresos de la República, el Gobierno no sólo ha sido incapaz de pagar sus gastos corrientes.

La deuda se incrementó a una tasa promedio de casi un millón de dólares al año desde que se obtuvo la independencia (*) en 1865. Las transacciones de los últimos doce meses han resultado por lo tanto en la primera parada en el camino a la insolvencia, y comenzar en la dirección contraria, lo que ha sido experimentado por la República. En lugar de un millón detrás, es un millón y más por delante – una diferencia de dos millones de los débitos al lado del crédito. (*) La Restauración. (CDM)

Efecto Político del Modus Vivendi.

El efecto que el presente sistema de gestión de los ingresos aduaneros ha ejercido sobre las condiciones del País se explica con bastante amplitud en los informes anuales del Hon. Emiliano Tejera, Ministro de Relaciones Exteriores, y el Excmo. Federico Velásquez, Ministro de Hacienda y Comercio. El primero dice, en parte:

“El resultado beneficioso de esta disposición, tanto política como económicamente, se demuestra por el fracaso de la última revolución, etc. El día vendrá cuando se apreciará el valor completo de la convención del 7 de febrero y el modus vivendi, ambos acuerdos son los resultados deliberados del más puro y más concienzudo patriotismo”.

Y el segundo:

“Gracias a esta oportuna medida, el país entró de inmediato en un período de relativa facilidad, mientras que la fuente que siempre alimentaba las perturbaciones se volvía estéril por el hecho de que las aduanas estaban fuera del alcance de los partidos revolucionarios, demostrado por el fracaso de la última revolución poderosa, que sin duda se habría extendido por todo el país, llenándola de sangre, de luto y de lágrimas, y desolando de nuevo sus aldeas y campos si no hubiera sido por la única y principal circunstancia que la Fuente que había proporcionado prosélitos y recursos habían fracasado, y por la que ellos (los revolucionarios) están ahora suspirando desesperación”.

Estos informes son de interés general y están tan claramente señaladas las condiciones que se dan en la República, así como la actitud del Gobierno y del pueblo sustancial del país, que se invita a prestar especial atención a los extractos ampliados de los mismos, adjuntos como Anexos R y S.

Nadie que conozca los hechos puede dudar de que los puertos de Santo Domingo habrían sido ocupados antes por las potencias extranjeras, y que la disolución de la nación como Estado independiente habría sido cumplida, o inminente, por la violencia interna y la injerencia extranjera, si los Estados Unidos no hubieran tenido en cuenta la solicitud del gobierno dominicano al que prestó la asistencia oportuna requerida. Para apreciar lo desesperado de la crisis de los asuntos nacionales, en el momento de su solicitud, hay que tener en cuenta los tormentosos acontecimientos que se habían combinado para lograrlo, la estrechez financiera y política a la que se había visto reducida la República, lo que resultaba deplorable para la moral de su gente. Que los ciudadanos patriotas del país tuvieran justa causa de alarma puede verse en la tendencia de los acontecimientos, como lo demuestra el memorándum histórico adjunto que prueba que tiene un interés adicional por el hecho de que se extrae de las obras del Distinguido autor dominicano, José Gabriel García.

Organización.

La sentencia fue establecida en cumplimiento del decreto del Gobierno Dominicano (Anexo A) del 31 de marzo de 1905; El Presidente de los Estados Unidos habiendo cumplido la solicitud del Gobierno dominicano nombrando a un banco de Nueva York como depositario de los fondos a ser segregados, y sugiriendo el nombre de una persona para actuar como Receptor. El Decreto del 31 de marzo de 1905 (el Modus Vivendi) entró en vigencia al día siguiente y, aunque el receptor y su personal no llegaron a Santo Domingo hasta el 20 de abril, los ingresos habían sido manejados desde principios del mes de abril de tal manera que fue posible iniciar los registros de la administración fiscal a dicha fecha. Se tomó posesión formal y control de las diversas aduanas en los puertos de entrada por mar tan pronto como los medios de transporte lo permitieron. Los avisos correspondientes (Anexo B) se publicaron en consecuencia, y se enviaron por correo a los representantes extranjeros residentes. De acuerdo con el Gobierno dominicano, el jefe de los funcionarios dominicanos de aduanas en cada puerto de entrada fue nombrado Receptor Delegado, en la forma que se muestra en el Anexo C, y proporcionó el respaldo personal necesario para el fiel cumplimiento de los deberes y la contabilidad de todos los ingresos recibidos; teniendo, al mismo tiempo, un aumento del 20 por ciento en su salario como compensación por la responsabilidad adicional y los deberes requeridos. Los funcionarios dominicanos que así se convirtieron en parte de la administración fiscal son, por regla general, hombres brillantes y activos, ansiosos por la reforma del servicio, y han cooperado con sistematizar el trabajo. Los extractos de sus informes anuales se adjuntan como Anexo O y muestran las condiciones locales en los diferentes puertos, así como la actitud de estos funcionarios dominicanos a favor de la situación actual. La Oficina Administrativa Central, en la que se realizan todos los informes y en la que se auditan todas las cuentas, se organizó en la ciudad de Santo Domingo, Capital de la República, con un personal de trabajo, al principio, además del receptor, de dos norteamericanos, tres dominicanos y un británico, siendo éste residente de Santo Domingo y empleado como traductor. Además de este personal, le fue asignada a un estadounidense la función de Contralor Adjunto, a otro como auditor itinerante, y a otro como contralor encargado de las aduanas en la frontera terrestre. Desde que se realizó la primera organización, el personal de la oficina se ha incrementado, a medida que el trabajo se ha ido desarrollando, con la adición de dos estadounidenses y un dominicano y, el personal exterior, por tres estadounidenses asignados a la frontera haitiana. Por orden del honorable Secretario de Guerra de los Estados Unidos, a través del cual se puso en vigor la orden del Presidente del 28 de marzo de 1905, los empleados estadounidenses fueron seleccionados por el Receptor con referencia sólo a su integridad y aptitud para realizar las tareas requeridas. Aquellos que estaban comprometidos eran, en el momento en que llegaron a Santo Domingo, miembros de la sociedad civil estadounidense de servicio en Filipinas con licencia o permiso concedido por la cortesía del Coronel C. R. Edwards, de la Oficina de Asuntos Insulares para ese fin; Y es debido al hecho de que eran hombres capaces y experimentados que no tardarían mucho en captar el complicado trabajo que les esperaba. El personal y la organización actual de la administración fiscal se muestran por las pruebas documentales E, F y G.

Condición Anterior del Servicio.

Si bien había algunas cosas que debían encomendarse a la administración de aduanas de la República -principalmente el pago anticipado, la manipulación y la entrega de las cargas- estaba muy lejos de proporcionar un medio eficaz para asegurar los ingresos. El servicio no tenía cabeza; cada colector evaluaba los aranceles bajo un arancel más intrincado, según su propia interpretación, sin referencia a ninguna autoridad superior u otro puerto, e incluso los tipos de aranceles cobrados diferían en los distintos puertos. Las leyes arancelarias se difundían a través de boletines oficiales publicados a intervalos desde 1867, unos cincuenta en número, y nunca habían sido unificados. Por lo tanto, existía un estado de confusión que apenas se puede describir, pero que aparentemente fue aceptado como sin remedio. El Gobierno Central había sido tan frecuentemente derrocado en el pasado que nadie permanecía el tiempo suficiente para familiarizarse con las leyes o necesidades del servicio; No se habían emitido reglamentos para llevar a cabo las leyes de ingresos y, por lo tanto, los colectores locales, incapaces de obtener las resoluciones o instrucciones, se vieron obligados a actuar enteramente según su propio criterio. No había prácticamente ningún sistema de contabilidad. Los colectores debían mostrar la cantidad de derechos «producidos» por cada carga entrante, pero el sistema parece ser obsoleto; Y como los importadores tenían derecho de diez a sesenta días, según la cantidad, para pagar sus obligaciones, era muy difícil determinar si eran o no pagados y el dinero entregado. Sólo se mantuvieron registros vagos de los dineros reales recibidos por el Gobierno Central, y todos los informes hasta ahora realizados sobre los ingresos aduaneros representan los importes que deberían haber sido percibidos en el caso de que los derechos fuesen evaluados honestamente, pero en ningún caso las transacciones reales en efectivo.

A la confusión producida por estos métodos se suma el sistema de manejo de los dineros recibidos, que no fueron cobrados por los funcionarios de aduanas, sino por los «administradores de finanzas» de los diversos distritos, que también recibieron otros ingresos del Gobierno y, en lugar de remitirlos  al Tesoro Central, los pagaron en los distritos donde fueron recogidos bajo confusas instrucciones del Gobierno Central y de los gobernadores locales; de modo que, en realidad, prácticamente ninguno de los ingresos aduaneros llegó al Tesoro de la República.

Otro medio por el cual se habían disminuido los ingresos en efectivo fue el sistema de crédito en boga. Los importadores, permitiéndoles de diez a sesenta días después de haber recibido su mercancía para pagar las correspondientes obligaciones, se aprovecharon de las dificultades financieras del Gobierno para descontar sus propias obligaciones y, mediante pequeñas sumas de dinero, se liberaron del pago futuro de cantidades mucho más grandes que representaban sus deberes legales. Estas transacciones fueron tan numerosas que se organizó una asociación de comerciantes bajo el nombre de «Junta de Crédito», y durante años se dedicó a comprar las obligaciones de los importadores del Gobierno, incluso las suyas, a tasas que oscilaban entre el 3 y el 10 por ciento al mes, compuesto cada sesenta días, más una comisión, o adelanto, en pequeñas cantidades de efectivo a cambio de grandes pedidos por cobrar en las aduanas como efectivo en la liquidación de los derechos. Aunque la ley prevé inspecciones de aduanas por parte de representantes del Gobierno Central, no se hacía.

Los gobernadores locales reclamaron el control exclusivo de todos los oficiales de distritos. En conjunto, habría sido difícil haber adoptado un sistema o prácticas a seguir mejor calculadas para invitar al fraude o promover transacciones deshonestas.

En vista de estas condiciones, no es especialmente sorprendente que no quedara nada por mostrar de los cuarenta y tantos millones de ingresos (Anexo K) desde 1867, o que, con un sistema similar, o falta de sistema, al tratar las finanzas generales del país, debería haber contraído una deuda pública que se aproximara a treinta y cinco millones durante el mismo período. Ineficiencia, en esta materia, producto de promover revoluciones, las cuales, a su vez, destruyeron por su frecuencia cualquier posibilidad de mejorar las condiciones, y ayudaron a disipar los ingresos y los dineros prestados. La deuda y el resultado de las operaciones financieras de la República al 1 ° de abril de 1905, se muestran en el Anexo M y en el cuadro complementario con el Anexo O.

Nuevo Sistema Inaugurado.

Al esforzarse por remediar las condiciones expuestas, se convirtió en el primer deber de la administración fiscal establecer un sistema que asegurara la recaudación de acuerdo a las funciones previstas por la Ley y la entrega en la Oficina Central de los fondos recibidos en los ocho puertos de mar y los tres de entrada por tierra. Afortunadamente, la legislación aduanera exige que los manifiestos consulares y las facturas que se hicieron (aunque nunca antes se habían utilizado para ese fin) se basaran en las cuentas de ingresos, siendo cada representante adjunto responsable de los derechos legales sobre todas las mercancías importadas o que se demostrara haber sido importadas con esos documentos. Las normas aduaneras necesarias fueron adaptadas, impresas en español y puestas en uso. Estas normas se hicieron tan simples como fue posible, y aunque no eran absolutamente necesarias para hacer el trabajo, sesenta y ocho estaban en uso al final del año.

Los reglamentos para la administración de las aduanas y la clasificación de las mercancías se hicieron multilingües, en español e inglés, en forma de documentos administrativos, circulares y cartas circulares, de las cuales treinta y ocho de las primeras, y veinticinco de las últimas, habían sido emitidas durante el año. Las leyes de ingresos aduaneros y las listas de aranceles se unificaron y fueron publicadas en un volumen por la administración fiscal, en inglés, que fue seguida de una publicación similar en español, que sirvió para facilitar la clasificación apropiada y más uniforme de las importaciones de mercancías.

Revisión de Cuentas.

Además del trabajo administrativo ordinario que recae naturalmente en la Oficina Central de la Administración fiscal, se comprometió y ha trabajado, por lo general, realizado por un departamento separado, auditando todos los ingresos, así como otras cuentas relacionadas con el servicio, requiriendo de los receptores adjuntos, en los diversos puertos, informes mensuales, cuentas y muestras de mercancías importadas. Además de esto, las cuentas de los diferentes puertos de entrada por mar se verifican sobre el terreno al menos una vez al mes por un inspector itinerante.

Estadística.

Se han establecido registros estadísticos permanentes del comercio de la República, y todos los trabajos relacionados con su formación se han realizado en la Oficina Central. Dos resúmenes del comercio han sido publicados en forma de panfleto y otros en los periódicos locales.

En adelante se propone la publicación de resúmenes semestrales, con el siguiente informe que abarcará todo el período comprendido entre el 1 de abril de 1905 al 1 de julio de 1906. Los informes relativos al comercio de la República, publicados por la administración fiscal, contienen los primeros datos comprensivos y confiables del tipo recopilado, y desde que se han distribuido el Gobierno dominicano ha establecido una Oficina de Estadística, cuyas compilaciones, en lo que respecta a las estadísticas comerciales, se basan en informaciones reunidas bajo la dirección de la administración fiscal.

Concentración de Ingresos Recaudados.

Se encontró una seria dificultad en el manejo y en la concentración de los fondos recaudados en los once puertos de entrada por separado. Al no existir un banco de la República, era necesario crear algún medio para recibir y enviar los fondos a la Central en la Capital. El señor Santiago Michelena, un hombre de negocios importante que tenía cierta experiencia vinculada a firmas prominentes de todo el país, se interesó y prestó las facilidades bancarias necesarias por las cuales los receptores delegados pudieron depositar sus fondos con sus agentes en los varios puertos de entrada y recibieron borradores en su oficina en Santo Domingo, que remitieron al receptor general. Estos proyectos se depositaron entonces en la oficina principal del señor Michelena en la capital.

Cada dólar recaudado en cada puerto de entrada ha sido remitido de esta manera, y todos los desembolsos, incluso de los salarios de los empleados de aduanas más bajos en las estaciones remotas, se hacen con vales y pagados mediante cheques separados emitidos desde la Oficina Central para enviar al destinatario. Así, por primera vez, los ingresos aduaneros de la República llegaron a un depositario central y se distribuyeron de tal manera que permitiera al Gobierno conocer con exactitud sus transacciones en efectivo y que todos los fondos gastados hubieran llegado a su destino. Cuentas detalladas de todos los recibos y desembolsos han sido proporcionados al Gobierno de la República Dominicana al cierre de las operaciones de cada mes.

Lucha en la Recaudación por Tierra.

Una de las cuestiones más serias a tratar es el contrabando a través de la frontera terrestre de Haití. La frontera entre las dos repúblicas se extiende a través de una región montañosa y desértica salvaje, desde la bahía de Manzanillo, al norte, hasta Perdenales, en la costa sur, con una distancia de unos 150 kilómetros; Y mientras que las aduanas habían sido establecidas a lo largo de la línea en las ciudades de Dajabón, Comendador y Tierra Nueva, las leyes de ingresos no se aplicaron, y no se hicieron informes de éstas a la oficina del Gobierno Central. El Comité de Finanzas del Congreso se quejó de esto en su informe anual presentado en julio de 1905, diciendo, en parte:

“Estas aduanas en la frontera nunca han seguido la ley establecida para la evaluación y recaudación de los derechos. Por esta razón, la reorganización de estas oficinas se hace imprescindible, ya que todos los habitantes deben ser gravados por igual”.

La aplicación más rígida de las leyes aduaneras en la costa, que siguió a la organización de la administración fiscal, dio lugar a un aumento del contrabando en la frontera hasta tal punto que era evidente que los ingresos se verían seriamente afectados a menos que se aplicara algún remedio. La cuestión de la frontera era antigua para el Gobierno, que prácticamente había abandonado desesperado por todos los intentos para suprimir el contrabando.

Aduanas y Protección de Fronteras.

Sin embargo, se prometió apoyo a cualquier intento de la administración fiscal en esa dirección, y finalmente se dispuso organizar un cuerpo de hombres compuesto de (120) ciudadanos dominicanos, que sería conocido como » la guardia de la aduana fronteriza», que debía estar bajo el control de la administración fiscal y al mando inmediato de un americano encargado de las actividades en la frontera. Estos hombres actuarían en la doble capacidad de policías y de oficiales en las aduanas fronterizas. Por tanto, los salarios serían pagados con cargo a los ingresos aduaneros antes de la división. Los guardias, la mitad de los cuales estaban montados, estaban estacionados a lo largo de la frontera en septiembre y, a petición del gobierno dominicano, los delegados norteamericanos fueron nombrados para las tres aduanas fronterizas con el deber de inspeccionar la guardia. El intento de hacer cumplir la ley en esa región salvaje fue una innovación, y causó un considerable antagonismo. Un representante americano de la administración fiscal fue herido y robado por proscritos antes de llegar a su puesto, y varios ataques fueron hechos contra los miembros dominicanos de la guardia; Pero se organizaron para quedarse, y los resultados, desde el punto de vista de los ingresos, han sido más satisfactorios, como lo demuestra el hecho de que los ingresos de las actividades costeras, al ser reducido el contrabando fronterizo, han aumentado en gran medida, especialmente en las aduanas de Azua, Puerto Plata y Monte Christi. Se estima conservadoramente que al menos $ 200,000 se ha incrementado a los ingresos por este medio durante los últimos nueve meses.

El mérito en la medida de éxito que se ha alcanzado en el trabajo fronterizo se debe en gran manera a los esfuerzos intrépidos y persistentes de los americanos que la tuvieron directamente a cargo y que han trabajado incesantemente, en medio de los peligros y las molestias de una región salvaje, para obtener resultados que no habían sido esperados.

La organización y gastos del personal de las aduanas y de la guardia fronteriza son mostradas en los Anexos F, G, H y Tabla 7 del Anexo D.,

 Equipo.

Por el sistema empleado, el servicio aduanero y los puertos de entrada de la República están bastante bien equipados, salvo en materia de transporte por agua, para la cual no se ha hecho ninguna provisión; y ello se debe a que se efectúa un considerable contrabando a lo largo de la costa por medio de pequeños buques que comercian con islas adyacentes. Este comercio produce grandes ganancias a los contrabandistas, que compran los cargamentos en el grupo de libre comercio turco británico, en St. Thomas, o en la isla holandesa de Curazao, donde los derechos son sólo 2 por ciento ad valorem, y los venden en Santo Domingo, donde los derechos son más del 70 por ciento del valor.

Para detener este comercio ilícito, así como para impedir la introducción no autorizada de armas y municiones, se requieren tres pequeños cortadores de ingresos. El Gobierno posee sus propios edificios de oficinas en cada puerto, y la fuerza de trabajo, que comprende la organización aduanera, que es conocida como «la guardia de la aduana fronteriza», que debía estar bajo el control de la administración fiscal y al mando inmediato de un americano encargado de las operaciones en la frontera.

 Gastos.

Los gastos totales del año, debidamente cargados como costo de recaudación de los ingresos aduaneros, sobre la base de los elementos incluidos en la determinación del costo de recaudación en los Estados Unidos, ascendieron a $ 97,405.99, o sea el 3,09% de los ingresos brutos. Otros gastos, incluidos los gastos de viaje a los Estados Unidos y desde los Estados Unidos, tras transferencias de fondos a Nueva York después de la recaudación, etc., ascendieron a 12.915,63 dólares, con lo que el total de todos los gastos se pagó del 55% según los términos del decreto de 31 de marzo de 1905, 110.331,99 dólares, o digamos, el 4,4 por ciento de los ingresos, un porcentaje todavía considerablemente inferior al del costo promedio de recaudación en los Estados Unidos.

Para comparación, los siguientes porcentajes se citan a partir de 1903: San Francisco, 6 %; Baltimore, 5,2 %; Hawai, 8,9 %; Puerto Rico, 6,7 %; Y Alaska, 9,9 %. En vista de los pequeños ingresos de la República, y la necesidad de mantener algunos puertos en los cuales los ingresos no son suficientes para pagar el costo de mantenimiento, el costo promedio general de la recaudación ha sido notablemente bajo, de hecho, para cubrir los gastos legales de un servicio bien organizado y totalmente equipado. Entre los gastos adicionales que deberán afrontarse en el futuro se encuentran los de un transporte adecuado por agua, incluyendo lanchas portuarias y botes de embarque, que son muy necesarios. El gasto de la guardia fronteriza, organizada bajo la supervisión de la administración fiscal, se trata como el gasto de tales guardias (Inspectores) como en los Estados Unidos, totalmente separado de cualquier puerto, y no está incluido como un elemento en la determinación del costo de recaudación. El gasto de esta organización se paga a partir de los ingresos brutos antes de la distribución, y de esa manera dividido entre el Gobierno y el fondo fiduciario. Los detalles de todos los ingresos aduaneros recibidos por esta oficina, y gastos pagados por los mismos, se exponen en los Cuadros 1 al 10 del Anexo D.

Total de Recibos y Gastos de la República.

El total de entradas en efectivo de la República, de todas las fuentes durante el año calendario 1905 fue de $ 2,427,802.20, de los cuales $ 2,163,997.15 representaron las recaudaciones de aduanas y $ 263,804.75 de ingresos internos, detallados junto con los gastos del año.

En el Anexo L., como ingresos internos recaudados eran, en gran medida, los impuestos que se imponían a los alcoholes y a las estampillas que debían colocarse en ciertos artículos importados, por leyes promulgadas a fines de 1904, que no entraron en vigor hasta el 1 de enero de 1905, El mecanismo necesario para llevarlas a cabo no fue, y todavía no ha sido provisto, los montos mostrados no representan los resultados esperados ni los que deberían haberse obtenido si las leyes hubieran sido debidamente aplicadas. El Gobierno estima que con la mejora en el sistema de recaudación establecido recientemente estos impuestos rendirán $400,000 durante el presente año. Si se aplican correctamente y los recibos son contabilizados, probablemente exceda de medio millón.

Resumen del Comercio.

El valor agregado del comercio exterior de la República durante el año fiscal de 1905 ascendió a aproximadamente diez millones de dólares, siendo la suma exacta, como se muestra en los documentos de aduanas, $ 9,992,361. El valor de las importaciones, sin incluir la moneda, fue de $ 2.736.828 dólares, frente a las exportaciones valoradas en $ 6.880.890 dólares, lo que demuestra que el valor de los productos nativos vendidos a países extranjeros ha sido más del doble que el de la mercancía adquirida en el extranjero y las operaciones del año se habían traducido relativamente en un equilibrio con relación al comercio a favor de la República de $ 4.144.062 dólares. En el valor total del comercio, pero no en el valor de las importaciones y exportaciones, se incluyen $359.435 dólares de oro, plata y papel moneda importados de los Estados Unidos y $15.208 dólares exportados al mismo país. Las deducciones de estos hechos, con respecto a los negocios del año, parece más satisfactorio, lo que indica que, si bien prácticamente un millón de dólares había sido depositado en el exterior durante el año, para su uso en la amortización de la deuda pública, el monto había sido el intercambio resultante de las ventas de productos excedentes del país; No se había requerido ningún envío de divisas por esa cuenta y se había mantenido un crédito extranjero superior a dos millones y medio. Sin embargo, esta última inferencia debe calificarse hasta cierto punto en consideración del hecho de que la industria azucarera de la República, que ya representa aproximadamente la mitad del valor de las exportaciones, es en gran parte propiedad y financiada del exterior. El comercio exterior se llevó a cabo principalmente con los Estados Unidos, Alemania, Francia y Gran Bretaña, en el orden de importancia relativa. El comercio con los Estados Unidos ascendió a $ 6,445,346, o el 65% del total, representando las importaciones recibidas de ese país por valor de $ 1,961,075 y las exportaciones facturadas a $ 4,484,271. Así, los Estados Unidos compraron el 65% de todos los productos nativos exportados y suministraron el 59% de la mercancía importada durante el año.

El 17% del comercio se destinó a Alemania. El 2% a Francia y el 4,5% a Gran Bretaña, siendo este último el único país mencionado, cuyas ventas a la República fueron mayores que las que le compró. El resto del comercio, en proporciones menores, se dividió entre Italia, España, Bélgica, Cuba, Puerto Rico y «todos los demás países», como lo demuestran las estadísticas.

El 80% de los valores de importación fueron proporcionados, en el orden indicado, por manufacturas de algodón, manufacturas de hierro y acero, arroz, aceites, provisiones, conservas de pescado, manufacturas de madera, fábricas de cuero, manufacturas de fibras vegetales, sombreros y gorras, productos químicos y drogas, licores de malta e implementos agrícolas, mientras que el resto se componía de productos muy diversos, según se desglosan, o figuran, bajo el epígrafe de «todos los demás artículos».

Las manufacturas de algodón facturadas en $ 218,000 también fueron recibidas de los Estados Unidos y $ 190,074 de Gran Bretaña, mientras que Alemania, Francia, España e Italia proporcionaron $ 69,450, $ 36,707, $ 19,742, y $ 14.591, respectivamente. El 71% del hierro y del acero, valorados en $ 287.381 dólares, provino de los Estados Unidos, y el resto se suministró principalmente, en el orden indicado, por Gran Bretaña, Alemania, Francia y Bélgica. De los productos de pan importados por un valor de $ 232.049, el 99.9 % provenía de los Estados Unidos y consistía principalmente en harina de trigo, de los cuales 41.413 barriles fueron recibidos, facturados por $ 209.823. Se recibieron diez millones de libras de arroz, valoradas en $ 201.329, 5.913.424 libras provenientes de Alemania, 2.203,707 libras de Gran Bretaña, 1.532.319 libras de los Estados Unidos y 271.517 libras de Francia. Se importaron aceites por valor de $ 155.934, de los cuales los Estados Unidos suministraron el 95%; Mientras que las provisiones, incluidas las carnes y los productos lácteos, se dividieron igualmente entre ese país y Alemania, el primero suministró las carnes y el segundo los productos lácteos. Prácticamente todos los pescados secos ordinarios, consistentes principalmente en bacalao, valorados en $ 109.455, fueron importados de los Estados Unidos; países europeos suministraron pequeñas cantidades de clases de delicatessen, por un valor total de $ 4,679. Los Estados Unidos también suministraron la mayor proporción de productos químicos y drogas, jabón, azúcar refinada y confecciones, verduras, vehículos, manufacturas de madera, cuero y papel; mientras que los utensilios agrícolas eran suministrados en proporciones casi iguales por ese país y Alemania, Francia aportó una proporción considerable de los productos químicos y medicamentos, y todo lo demás, incluido el valor de los vinos, licores y aguardientes suministrados. Gran Bretaña proporcionó los mayores valores en manufacturas de fibras vegetales, e Italia en sombreros y gorras.

 Las principales exportaciones, de valor relativo en el orden mencionado, eran azúcar, granos de cacao, hojas de tabaco, bananos, café, maderas duras, cueros y pieles y cera de abejas. Los envíos de azúcar de 105.972.400 libras, valorados en $ 3.292.470, representan sustancialmente la cosecha de 1905, y, con excepción de 1.359.799 libras, que se distribuyeron principalmente entre Alemania y Gran Bretaña, fueron enteramente a los Estados Unidos. Este producto, que fue vendido con un buen beneficio al productor, fue casi la mitad del valor total de las exportaciones del año. Los envíos totales de granos de cacao, que también fue una cosecha rentable, ascendieron a 28.836.364 libras, facturadas en $ 2,211,873, siendo consignados como sigue: A Alemania, 11,840,612 libras; A Francia, 8,981,591 libras; A los Estados Unidos, 7.816.441 libras; Y al Reino Unido, 197.720 libras. La hoja del tabaco que sumaba 11.510.762 libras, valorada en $ 480.487, fue exportada a Alemania que tomaba 5.890.665 libras, los Estados Unidos 3.719.458 libras, y Francia 1.900.639 libras. La cera producida en la República ascendía a 470.922 libras, valorada en $ 94.669, de la cual Alemania compró 182.785 libras, Francia 152.550 libras y 111.462 libras fueron enviadas a los Estados Unidos. El valor agregado de pieles de vacuno y de cabra exportadas se situó en $ 111.075; los envíos a los Estados Unidos se facturaron en $ 63.714; a Alemania $ 24.278; y a Francia $ 21.591. Los bananos, de los cuales 514.000 racimos, valorados en $ 257.000, fueron enviados a los Estados Unidos; café, en la cantidad de 2.149.188 libras, con un valor de $ 156.963, enviado principalmente a Alemania, Francia y los Estados Unidos; y varios tipos de maderas duras tropicales, incluyendo caoba, lignum-vitae (1), y satinwood (2), con un valor total de $ 135.154, están entre las otras exportaciones importantes. Cocos, copra, colorantes, miel, gomas, resinas y fibras vegetales son también productos naturales del país, pero debido a la falta de demanda actualmente sólo se exportan en pequeñas cantidades. Obs.: (1) guayacán. (2) ébano. (CDM)

 El tonelaje total agregado de los ocho puertos de entrada de la República fue de 1.751.172 (toneladas registradas), lo que representa 1.544 entradas y permisos a buques extranjeros. De las importaciones totales, las cargas valoradas en $ 1,952,352, o el 63 % del valor de todas las importaciones, fueron traídas con fondos americanos; mientras que los valores de importación de $ 700.382 fueron entregados por alemanes, $ 208.990 por franceses, $ 93.945 por británicos, $ 88.621 por noruegos, y $ 51.975 por «todos los otros» shipsugs, y excedido.

En el comercio de exportación, los buques noruegos encabezan la lista de transportistas, habiendo recibido cargas valoradas en 1.827.426 dólares, o el 26,5 por ciento. Los buques estadounidenses fueron los siguientes, con mercancías facturadas en 1.692.741 dólares, o 24,5 %; Seguido por buques alemanes, con $ 1.574.134, o 22.8 %; Buques británicos, con 1.123.838 dólares, o el 16,3 %; Y buques franceses, con cargas valoradas en 367.072 dólares. Se contrataron buques italianos, dominicanos, holandeses, cubanos y otros, en el orden en que se designó el valor relativo de los cargamentos transportados al comercio exterior de la República. Los detalles del comercio exterior del país durante el año fiscal de 1905 se muestran en el Anexo I, adjunto.

Principales Productos.

Como se observa en el resumen anterior del comercio, los principales productos de la República son actualmente el azúcar, el cacao, el café y madera dura. El azúcar se ha producido en la isla desde el Siglo XV, con ganancias variables y pérdidas ocasionales, de acuerdo con los precios del mercado mundial (*), adaptándose especialmente el clima y el suelo a su producción. Actualmente se dedican 183,000 hectáreas de tierra, repartidas entre catorce fincas, a la producción de caña de azúcar y, probablemente, diez veces más hectáreas están disponibles en la República para usos similares. La producción anual desde 1885 ha variado de veinte a cincuenta mil toneladas. (*) Por la facilidad con que se puede fomentar o sustituir una plantación de caña, por su ciclo biológico, esas variables en los precios del mercado mundial, que generan ocasionales pérdidas o beneficios, son una constante todavía vigente. (CDM)

El azúcar producido se envía en estado crudo, ya que no hay refinería en la República y las calidades según la norma holandesa n° 16. El ochenta por ciento de la producción polariza 95 ° a 96 °; 12 por ciento, 81 ° a 83 °; Y el residuo (*) produce melaza de 42 °, que se utiliza en el país para la fabricación de ron. La cultura del cacao es de introducción más reciente y está siendo gradualmente extendido. El grano de cacao crece sobre un pequeño árbol que comienza a dar fruto cuatro años después de la siembra y alcanza su plena productividad en su octavo año, después de lo cual no se ha observado ningún límite en cuanto a la duración del tiempo que seguirá aportando la cantidad máxima de fruta. El árbol requiere una tierra profunda y rica, de la cual hay en abundancia en la República, por la extensión indefinida de su cultura las arboledas son pequeñas y son propiedad principalmente de dominicanos, aunque algunas grandes plantaciones iniciadas por extranjeros están empezando a producir. (*) Azúcares no cristalizables. (CDM)

El cacao fue producido para consumo local hasta 1888, y luego se inició la exportación incrementándose cada año. El primer registro fiable muestra que la exportación de 1891 fue de 1.000 toneladas, mientras que la exportación de 1905 ascendió a 12.873 toneladas, con un aumento de doce veces en quince años, además del gran número de árboles plantados, pero que aún no están en producción, junto con la atención que ahora se presta a la extensión de esta industria, garantiza la creencia de que el cacao se convertirá en el principal producto y el más rentable del país. Cada árbol de cacao se dice que produce una ganancia neta de 50 centavos por año a su dueño. Probablemente el único beneficio que el país ha recibido a bajo costo es el desarrollo de esta industria. Hasta que se puso en circulación la actual moneda degradada, hacia 1888, los habitantes estaban acostumbrados a recibir, por sus ganados y otros animales, el oro español que guardaban y enterraban, pero con el advenimiento del dólar de estaño barato y fluctuante que acompañaron las dificultades financieras de la época, que sacó el oro hasta entonces en circulación, cesó su acaparamiento y, siguiendo los consejos del presidente Heureaux, utilizaron los nuevos pesos para comprar la mano de obra necesaria para ampliar esta industria.

Otra condición que contribuyó a aumentar las plantaciones de cacao fue la caída general del precio del café, antes importante y rentable. Esta caída del precio fue tan desastrosa que por un tiempo los propietarios de las plantaciones de café se vieron obligados a abandonar sus arboledas y centraron su atención en otros productos. La exportación de café de este año asciende a 959 toneladas, lo que sin embargo producirá un buen beneficio, debido a la falta de cultivo en otros lugares. Las maderas duras, de las cuales hay una gran variedad y abundancia, incluyendo caoba, satinwood, y lignum-vitae, todavía se sacan para la exportación solamente de la manera más primitiva y se envían los troncos, no habiendo aserraderos adecuados en el país. El clima y el suelo de la República están especialmente adaptados a la agricultura y casi cualquier producto de las zonas tórrida o templada puede ser cultivado con éxito, aunque las papas, frijoles, cebollas y otras verduras, así como los cereales se obtienen en el extranjero y se venden a precios exorbitantes en los mercados locales. El precio local de las cebollas ordinarias es, por ejemplo, 15 centavos por libra, o digamos, $ 8 por bushel.

El Gobierno dominicano está deseoso de promover la agricultura y de acoger a los inmigrantes con suficiente capital para establecerse en la industria.

Ley de Tierras.

Para alentar los asentamientos reales, todas las tierras del Estado, sin reservas, fueron incluidas en un proyecto realizado por el Congreso, aprobado el 9 de junio de 1905, para el libre asentamiento. Esta ley establece que el colonizador deberá presentar una fianza de $ 2 por acre, condicionada a que mejore la tierra tomada, y se le devolverá un bono después que se hayan hecho ciertas mejoras sencillas especificadas. El colonizador recibe gratuitamente el uso de la tierra durante diez años y, posteriormente, se cobra un alquiler o un impuesto igual a 5 centavos por acre.

Historia del Arancel.

Los ingresos aduaneros, que han proporcionado el principal, y prácticamente el único medio de apoyo de la República, así como el principal incentivo a la revolución, han sido objeto de más legislación que cualquier otro interés nacional. Cientos de leyes han sido aprobadas, aumentando, disminuyendo y cambiando las tasas, proporcionando los tipos de dinero y documentos que se reciben en el pago de los derechos, y para la disposición de los ingresos, pero no hay regulaciones para la aplicación uniforme de la ley o decisiones arancelarias. Ha sido emitido el arancel original, según el cual todos los artículos importados mencionados debían pagar el 16 por ciento sobre los valores arbitrarios establecidos por el mismo y artículos no mencionados el 20 por ciento sobre sus valores estimados, fue publicado y promulgado en los días de la primera República por el General Santana, 29 de mayo de 1845. Este arancel, con muchas adiciones y cambios en cuanto a las tasas, ha continuado en vigor a través de la segunda ocupación española hasta el presente, cuando se comprueba que incluye cuatro tipos diferentes de funciones, a saber: «Aforo» (73,8% sobre los valores fijos); «Derechos fijos» (derechos específicos más 30 por ciento de sobretasa); «Ad valuo» (73,8 por ciento ad valorem); Y las tasas especiales ad valorem sobre joyas, piedras preciosas y los instrumentos musicales. Durante el segundo régimen español, se otorgó a los importadores la opción de pagar aranceles de acuerdo con la tarifa dominicana o los vigentes en Cuba o en Puerto Rico. Las leyes, decretos e incidentes más importantes que afectan la tarifa y las aduanas han mejorado la condición del servicio, resultante del trabajo del año, se debe en gran parte al hecho de que cada empleado norteamericano de la administración fiscal no sólo se ha entusiasmado en el desempeño de sus funciones, sino por su personal, que por su conducta se ha ganado el respeto y la confianza de aquellos por los que han sido llamados para ayudar y dirigir. La supervisión general del trabajo realizado por dicho personal ha sido una fuente de gran satisfacción para el suscrito y las dificultades encontradas ocasionalmente en el desempeño de las funciones de la administración fiscal han sido un interés añadido a los derechos impuestos.

Geoge R. Colton,

Controlador y Receptor General.